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Entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2010 tuvieron lugar una serie de ataques en el territorio de Walikale, en la zona este afectada por el conflicto de la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo. Durante estos ataques contra civiles, al menos 303?personas de 13?aldeas sufrieron violaciones sistem¨¢ticas por parte del grupo Nduma Defensa del Congo (NDC) y otros grupos armados ilegales.¹?Fue una tragedia humana de enormes proporciones en una regi¨®n que ya llevaba sufriendo varios a?os de violencia. Adem¨¢s, antes y despu¨¦s de estos hechos, miembros del NDC cometieron otros graves delitos en la regi¨®n.

El 23 de noviembre de 2020, un tribunal congol¨¦s sentenci¨® al exl¨ªder del NDC, Ntabo Ntaberi Sheka, a cadena perpetua por cr¨ªmenes de guerra, como asesinato, violaci¨®n, esclavitud sexual y reclutamiento de ni?os por delitos cometidos entre 2007 y 2017 en el territorio de Walikale.²?La Misi¨®n de Estabilizaci¨®n de las Naciones Unidas en la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo (MONUSCO) ofreci¨® protecci¨®n a v¨ªctimas y testigos, as¨ª como apoyo t¨¦cnico, log¨ªstico y financiero a las autoridades judiciales congolesas durante las investigaciones conjuntas y el juicio.

Este caso ilustra de muchas formas la importancia de que las operaciones de paz de las Naciones Unidas respalden la justicia nacional y las instituciones de seguridad. Este apoyo es esencial para la mitigaci¨®n de factores potenciales que impulsan los conflictos. Resulta especialmente importante en contextos en los que existe una falta de confianza entre la poblaci¨®n y los representantes estatales, o un deseo de los afectados de tomarse la justicia por su mano. Resultados como los del caso contra el antiguo l¨ªder del NDC refuerzan la credibilidad, la legitimidad y la rendici¨®n de cuentas de las instituciones estatales, como la fuerzas de seguridad, y ayudan a preservar y a proteger los derechos humanos.

La ausencia de justicia alimenta directamente el conflicto. Un chico cuyos amigos o familiares hayan sido v¨ªctimas puede ser reclutado por grupos armados ilegales. La falta de justicia, ya sea real o percibida, desemboca en resentimiento y conflicto a nivel tanto individual como social.

Se tarda d¨¦cadas en realizar una reforma b¨¢sica de la justicia y de los sistemas de seguridad. Y, sobre todo, la ausencia de una tradici¨®n de un poder judicial independiente o representativo e inclusivo puede constituir un impedimento fundamental para la reforma.

Las operaciones de paz de las Naciones Unidas que respaldan la justicia nacional y las instituciones de seguridad se rigen por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos mandatos se clasifican hist¨®ricamente en tres amplias categor¨ªas: apoyo ejecutivo, apoyo a la creaci¨®n de capacidades y apoyo directo a la seguridad. El objetivo global sigue siendo fortalecer las capacidades nacionales, ampliar la autoridad del Estado y mejorar la efectividad y la inclusi¨®n de las instituciones de justicia y seguridad, as¨ª como la confianza en ellas, en aras de prevenir la violencia, luchar contra la impunidad y mantener la paz. Esta asistencia se presta fundamentalmente desde la perspectiva del refuerzo de la cadena de justicia penal, ¡ªincluidas las instituciones de orden p¨²blico, judiciales y penitenciarias¡ª, componente central de la estabilizaci¨®n y los esfuerzos en materia de seguridad en situaciones de conflicto y posconflicto.

En un?,³?el Banco Mundial demostr¨® la relaci¨®n cr¨ªtica entre unas instituciones s¨®lidas de justicia y seguridad, la creaci¨®n de empleo y la mitigaci¨®n de los ciclos de violencia. Sin duda, este es el caso en sociedades en situaciones de conflicto y posconflicto, en las que un liderazgo a nivel estatal, una clara visi¨®n y unos objetivos globales resultan cruciales para la reforma de la justicia y la seguridad. En contraposici¨®n, la??o una seguridad sostenible.

Se tarda d¨¦cadas en realizar una reforma b¨¢sica de la justicia y de los sistemas de seguridad. Y, sobre todo, la ausencia de una tradici¨®n de un poder judicial independiente o representativo e inclusivo puede constituir un impedimento fundamental para la reforma. Ahora bien, partiendo de este esfuerzo a largo plazo, las operaciones de paz pueden tener un efecto inmediato si se centran en iniciativas espec¨ªficas, en particular orientadas a la rendici¨®n de cuentas por delitos que impulsan el conflicto y la inestabilidad. Esto es aplicable a contextos en que la corrupci¨®n y las influencias a menudo responden a intereses personales de los que ostentan el poder, quienes pueden querer mantener el statu quo. Asimismo, rara vez se considera una gran prioridad la reforma de las prisiones, puesto que los detenidos se encuentran entre las personas m¨¢s marginadas de la sociedad.

Sin embargo, pueden darse varias oportunidades de reforma en sociedades en conflicto y posconflicto. Los acuerdos de paz y las iniciativas de reforma constitucional, junto con un liderazgo apropiado a los m¨¢s altos niveles pol¨ªticos, pueden impulsar un cambio real. El hecho de que las instituciones de justicia y seguridad puedan necesitar una reconstrucci¨®n completa como resultado del conflicto crea la posibilidad de llevar a cabo un escrutinio, una selecci¨®n, un reclutamiento y una formaci¨®n de una nueva generaci¨®n de funcionarios policiales, judiciales y penitenciarios. El nombramiento de personal cualificado y debidamente formado, as¨ª como la creaci¨®n de sistemas adecuados de apoyo administrativo, pueden suponer tambi¨¦n un comienzo ¨²nico de una importante reforma. Todo ello, junto con el establecimiento de instituciones funcionales encargadas de la rendici¨®n de cuentas y la disciplina interna y externa, puede dibujar un nuevo paradigma para el sistema judicial y la impartici¨®n de justicia y seguridad en un Estado.

Hemos extra¨ªdo varias lecciones clave de la experiencia de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. En primer lugar, ya se reconoce la importancia de un enfoque inclusivo y colaborativo, en el que se apoyen los planes y las prioridades nacionales en la ejecuci¨®n del mandato. En segundo lugar, toda iniciativa debe basarse en objetivos pol¨ªticos y de seguridad claros, y debe desarrollarse como apoyo a ellos, pues la reforma de la justicia y de las instituciones de seguridad es, en muy raras ocasiones, una cuesti¨®n puramente t¨¦cnica. En tercer lugar, puede resultar ¨²til emplear un enfoque gradual a la hora de dar impulso a sectores espec¨ªficos que pueden servir de modelos para otras ¨¢reas. En cuarto lugar, a pesar de las prioridades concurrentes, este tipo de iniciativas siempre requiere de esfuerzos a largo plazo, que exigen a su vez importantes inversiones de capital humano y financiero. Al mismo tiempo, resulta crucial centrarse a corto plazo en iniciativas concretas que puedan tener un impacto inmediato; en particular, en lo que se refiere a la rendici¨®n de cuentas por delitos que pueden alimentar el conflicto y la inestabilidad.

Y, por ¨²ltimo y m¨¢s importante, el liderazgo es la clave. Resulta necesario mantener una visi¨®n clara al m¨¢s alto nivel estatal, que pueda reflejarse ampliamente en la actitud de la poblaci¨®n y fomentar una cultura de respeto por el Estado de derecho. Aunque el personal policial, judicial y penitenciario de las Naciones Unidas representa menos del 10?% del despliegue global en operaciones de paz, sus actividades son fundamentales para el logro de la paz y la seguridad sostenibles, as¨ª como para una correcta ejecuci¨®n de los mandatos de estas misiones. Cada vez m¨¢s, estos mandatos respaldan el Estado de derecho en pa¨ªses que se est¨¢n recuperando del conflicto y, por extensi¨®n, sustentan el desarrollo de instituciones cre¨ªbles y leg¨ªtimas. Esta es una condici¨®n esencial para conseguir la paz y la seguridad sostenibles en estos contextos.

Notas

¹Informe del Secretario General de la Misi¨®n de Estabilizaci¨®n de las Naciones Unidas en la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo, 8 de octubre de 2010, S/2010/512, p¨¢rrafo 8.

²Informe del Secretario General de la Misi¨®n de Estabilizaci¨®n de las Naciones Unidas en la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo, 30 de noviembre de 2020, S/2020/1150, p¨¢rrafo 44.

³El Banco Mundial,?Informe sobre el desarrollo mundial: Conflicto, seguridad y desarrollo, 2011, ISBN: 978-0-8213-8500-5.

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