La amenaza sin precedente del COVID-19 ha causado un sufrimiento inimaginable alrededor del mundo. Este a?o tambi¨¦n desencaden¨® una discusi¨®n necesaria sobre el rol de las fuerzas del orden p¨²blico en las sociedades. Aunque la pandemia es en primer lugar una crisis de salud p¨²blica, hay retos relacionados que son relevantes para contenerla y para promover una recuperaci¨®n r¨¢pida y sostenible. La lucha por defender el estado de derecho y el rol de las fuerzas del orden p¨²blico en las sociedades hacen parte de ellos.
Donde los gobiernos han respondido a la pandemia con un rol ampliado y fuerte presencia policial y de otros actores de seguridad, han surgido retos, incluyendo percepciones de sesgo, uso desproporcionado de la fuerza, y otros asuntos relacionados con derechos humanos. Tambi¨¦n hay un riesgo de que algunos estados pueden estar utilizando poderes de emergencia para consolidad su autoridad ejecutiva a expensas del estado de derecho, reprimiendo a la oposici¨®n y debilitando a las instituciones democr¨¢ticas, especialmente donde las cortes y otros ¨®rganos de supervisi¨®n luchan por funcionar dadas las restricciones del COVID.
Algunos pa¨ªses han visto un fuerte incremento en arrestos. Esto va en contra de la necesidad de descongestionar las prisiones, las cuales han sufrido tasas de infecci¨®n desproporcionadamente altas, tanto entre reclusos como en el personal, propag¨¢ndose a comunidades aleda?as y potencialmente desencadenando violencia.
La distribuci¨®n de ayuda de emergencia, suministros m¨¦dicos y est¨ªmulos econ¨®micos para contrarrestar los efectos de la pandemia, aunque necesarios, tambi¨¦n proveen una amplia oportunidad para la corrupci¨®n y el fraude. Sin instituciones efectivas que aseguren la transparencia, responsabilidad y supervisi¨®n, mucha de ella no alcanzara a los beneficiarios destinados, profundizando la crisis social, m¨¦dica y econ¨®mica, y comprometiendo y demorando la recuperaci¨®n.
La pandemia tambi¨¦n crea oportunidades para los grupos armados, incluyendo organizaciones terroristas, para desacreditar instituciones estatales, explotar brechas en servicios p¨²blicos y aprovechar la indignaci¨®n publica, por ejemplo, dado el cierre de lugares de adoraci¨®n. Mientras ciertos miembros del personal de seguridad enfrentan capacidad operacional reducida dada su inevitable exposici¨®n al virus y sus nuevas responsabilidades concurrentes, algunos grupos armados est¨¢n consolidando y extendiendo control sobre el territorio.
Estos retos pueden debilitar severamente la legitimidad de los gobiernos, la cual es cr¨ªtica para la mitigaci¨®n efectiva y estrategias de contingencia durante las crisis de salud p¨²blica, como se observ¨® en algunos pa¨ªses cuando combatieron el brote de ?bola del 2018/2019. Por lo tanto, es en el inter¨¦s de los gobiernos asegurar que las restricciones de emergencia de los derechos sean necesarias, proporcionales, legales, y de duraci¨®n limitada.
Las Naciones Unidas han reaccionado r¨¢pidamente para proveer asistencia inmediata al estado de derecho nacional e instituciones de seguridad en varios pa¨ªses, incluyendo la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo. El personal de Mantenimiento de la Paz ha sido activo en distribuir suministros m¨¦dicos de emergencia en Darfur y Mali, incluyendo a excombatientes, ayudando a crear confianza entre facciones beligerantes. Junto con terceros, tambi¨¦n hemos desarrollado herramientas pr¨¢cticas para mitigar la propagaci¨®n del COVID-19 en las prisiones, orientaci¨®n para descongestionar prisiones, y un manual para tener audiencias judiciales virtuales. Estos esfuerzos deben ser sostenidos y desarrollados mientras el COVID-19 sigue propag¨¢ndose.
Cuando la pandemia decaiga, los gobiernos deber¨¢n realizar ex¨¢menes a-posteriori, incluyendo del desempe?o bajo poderes de emergencia, para informar futuras pr¨¢cticas y reformar donde sea apropiado. El apoyo de la ONU, basado en d¨¦cadas de mejores pr¨¢cticas, puede ser ¨²til en este aspecto, particularmente en los sectores policiales.
En el largo plazo, la pandemia ¨C como cualquier crisis ¨C tambi¨¦n puede ofrecer oportunidades para hacer cambios necesarios a los sistemas legales y pr¨¢cticas de las fuerzas del orden p¨²blico.
En el sector de justicia criminal, por ejemplo, debemos analizar el impacto de las pr¨¢cticas desarrolladas en respuesta a la pandemia en presupuestos estatales, comunidades y prospectos de rehabilitaci¨®n con miras a su institucionalizaci¨®n. Esto debe incluir la potencial liberaci¨®n de prisioneros no violentos, ajustando estrategias de arresto y juicio y sentencias sin reclusi¨®n. Tambi¨¦n debe incluir archivos electr¨®nicos y audiencias judiciales virtuales dentro de lo posible. Aunque presentan retos para algunos derechos a un juicio justo, estas pr¨¢cticas pueden hacer m¨¢s accesibles y eficientes a los sistemas judiciales. A medida que la divisi¨®n digital se reduce, pueden fomentar el acceso a la justicia en ¨¢reas remotas, incrementar la representaci¨®n legal y la participaci¨®n de testigos, eliminar atrasos y reducir la detenci¨®n preventiva.
Mientras los l¨ªderes mundiales discuten la acci¨®n conjunta para contener y superar la pandemia, es esencial que la necesidad de evitar el da?o permanente a los principios de estado de derecho y las libertades fundamentales sean tomados en consideraci¨®n.
Esto ayudar¨¢ a evitar agravar tensiones sociales, quejas, y causas subyacentes del conflicto. Prevenir el conflicto es quiz¨¢ un imperativo ahora m¨¢s que nunca, mientras los prospectos para la inversi¨®n a gran escala en manejo de conflictos y recuperaci¨®n postconflicto son v¨ªctimas de escasos recursos.
