Dado que aún no contamos con una perspectiva completa del efecto de la COVID-19 sobre la fertilidad, es demasiado pronto para encender la alarma sobre un posible auge o declive.
Lo que sí es preocupante son las situaciones en que las mujeres no pueden ejercer sus derechos ni elegir libremente en materia sexual y reproductiva, ya sea por no tener acceso a los servicios sanitarios o por discriminación sexual. Una mujer que ejerce el control sobre su cuerpo y tiene acceso a los servicios para secundar sus elecciones no solo goza de mayor autonomía, sino que también se beneficia del progreso en aspectos sanitarios, educativos, económicos y de seguridad. Es más fácil que pueda prosperar, tanto ella como su familia y su sociedad.
La población mundial ha ido creciendo a lo largo de los siglos a un ritmo variable, con auges y declives. Si nos centramos solamente en las oscilaciones inconstantes ocasionadas por fuerzas que a menudo se escapan a nuestro control, perdemos la perspectiva de los derechos humanos, que son nuestro punto de referencia.
La explosión demográfica1, libro publicado en 1968, alimentó un miedo creciente a que la sobrepoblación destruyese el planeta, cuyos recursos finitos no podrían soportar el crecimiento infinito de la población. Los autores, el biólogo de la Universidad de Stanford Paul R. Ehrlich y Anne H. Ehrlich, predijeron hambrunas generalizadas ante una irrefrenable marea demográfica.
Ellos y otros autores presentaron escenarios apocalípticos, proyecciones en que el hambre segaba cientos de millones de vidas. Estas predicciones sembraron el pánico, pero también despertaron una preocupación sincera por la salud del planeta y dieron lugar a un activismo medioambiental que ha persistido, y con razón.
Obviamente, el mundo no se ha terminado, pero continúa el alarmismo en torno al tema de la población. Actualmente, más de 50 a?os después de la publicación del libro, en tiempos de pandemia, existen temores de una nueva avalancha demográfica, esta vez en la dirección opuesta: una ominosa crisis de escuelas vacías y poblaciones envejecidas, escasez de mano de obra y ciudades fantasma. Esta es la nueva ?bomba de relojería? demográfica, una crisis de despoblación que, según los impactantes titulares que aparecen con creciente frecuencia, lo pone todo en peligro, desde el cuidado de los ancianos hasta la economía, comprometiendo la propia existencia de países y culturas.
Entre estas dos fatídicas predicciones, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)?de 1994 celebrada en El Cairo (Egipto), el mundo llegó a un excepcional consenso sobre la necesidad de confiar en la sabiduría de las mujeres y las familias, que, cuando tienen apoyo y capacidad de elección, pueden tomar decisiones sensatas y sostenibles. El revolucionario consenso de El Cairo propició un cambio de enfoque desde las cifras humanas hasta los derechos humanos. Lo verdaderamente importante no era la población, sino las personas. El?Programa de Acción de la CIPD?declaró que ?promover la igualdad y la equidad entre los sexos y otorgando poder a las mujeres, eliminando todo tipo de violencia contra ellas y garantizando su capacidad de controlar su propia fertilidad, son elementos esenciales de los programas relativos a la población y el desarrollo?.
Hemos visto la sabiduría y la eficacia que en todo el mundo ha demostrado este enfoque, en que se hace un mayor hincapié en la educación de las ni?as y en la salud sexual y reproductiva, en los derechos y en la libertad de elección. Desde 1994, la contracepción voluntaria moderna ha aumentado? y han disminuido? las? muertes maternas evitables, por ejemplo. Y, aunque queda mucho por hacer, la creciente disponibilidad de educación sexual integral (dentro y fuera de la escuela) indica que cada vez más países reconocen el papel fundamental que esta tiene en la capacitación de los jóvenes y en el avance en el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos en este campo.
Hoy en día, en medio de la pandemia de COVID-19, nos encontramos en una situación precaria. Hemos presenciado un repunte mundial de la violencia doméstica, ya que durante los confinamientos las mujeres y las ni?as se quedaron encerradas en sus hogares con sus verdugos y privadas de toda asistencia. La pandemia ha interrumpido la prestación de servicios sanitarios sexuales y reproductivos esenciales, con el consiguiente incremento de los embarazos no planeados y de las complicaciones en el embarazo y fallecimientos. Se han registrado cifras máximas de matrimonios infantiles, embarazos adolescentes y mutilaciones genitales femeninas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)? hacia la erradicación de la violencia de género y la mutilación genital femenina a lo largo de la próxima década, y podríamos ver 13 millones más de matrimonios infantiles.
Al desviarse recursos a la lucha contra el coronavirus, la pandemia está impidiendo avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, incluido el ODS?3, sobre una vida sana y bienestar para todos, y el ODS 5, sobre igualdad de género.
La oportunidad económica ha sido otra víctima de la COVID-19. Una multitud de mujeres han dejado de trabajar para soportar gran parte de la carga de trabajo no remunerado de asistencia y del hogar, desde la supervisión de la ense?anza a distancia de sus hijos hasta el cuidado de familiares ancianos. Sus empleos, muchas veces mal pagados y concentrados en los sectores informal y de servicios, han sido de los más afectados por la pandemia.
Sin embargo, mientras mujeres y ni?as afrontan esta crisis a varios niveles, la cruel ironía es que, ya aumente o decaiga la población, se sigue haciendo responsables a las mujeres. En los casos más extremos, cuando el alarmismo desemboca en políticas restrictivas y coercitivas, las mujeres han sufrido abominables violaciones de sus derechos reproductivos y de su autonomía física. En lugares donde disminuye la natalidad, han sufrido restricciones en el acceso a la contracepción. Donde la fertilidad iba en aumento, se las ha obligado a esterilizarse o a una planificación familiar coercitiva.
La actual crisis ha comprometido el futuro de innumerables mujeres y ni?as. No las sometamos a otra crisis más. En lugar de preguntar a las mujeres por su obligación frente a la especie humana, habríamos de preguntarnos cuál es nuestra obligación frente a ellas.
Tras las cifras hay personas que, al decidir si tienen hijos, cuándo y cómo, deben ser apoyadas en todos los aspectos. Las comunidades deberían respaldar las decisiones de las mujeres. Instituciones y gobiernos han de facilitar, en lugar de obstaculizar, las decisiones tomadas con libertad y desde una información adecuada. Esto implica fomentar una asistencia sanitaria de calidad, incluida la sexual y reproductiva, que comprenda la planificación familiar voluntaria y el alumbramiento seguro de ni?os. Implica fomentar una educación sexual integral. E implica también la ardua labor de favorecer la igualdad de género mejorando el acceso de las ni?as a la educación; abogando por la igualdad salarial, con salarios basados en las capacidades, la experiencia y la formación, no en el sexo; creando guarderías fiables y asequibles y propiciando la flexibilidad laboral y los permisos parentales. Nada de esto es nuevo, pero podría llegar a ser revolucionario.
Desde la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, ha habido consenso durante más de un cuarto de siglo en que los derechos reproductivos de las mujeres, la igualdad y la voluntariedad son elementos fundamentales para el bienestar y la prosperidad de todos. Ya vivamos un auge o un declive de la natalidad a corto plazo, nuestra prioridad a largo plazo ha de ser defender estos derechos y elecciones por el bien de las personas y del planeta.
Nota
1Paul R. Ehrlich,?The Population Bomb?(Nueva York, Ballantine Books, 1968).
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