En enero de 2016, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió establecer una misión política especial en Colombia, la primera misión de este tipo que se creaba en América del Sur en dos decenios, un titular del semanario local de mayor credibilidad causó una gran sorpresa: “?LLEGA LA ONU!”. En un país en el que existe una intensa polarización en torno a la idea de negociar un arreglo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el titular removió miedos y esperanzas encontrados. Para algunos, la “llegada” de las Naciones Unidas prometía la adopción de los primeros pasos serios para lograr la paz después de más de medio siglo de guerra, mientras que, para otros, suponía una pérdida de soberanía y una concesión a las FARC-EP, las cuales, en opinión de muchos, constituían una organización de criminales y terroristas a los que nunca se les debería haber dignificado con su inclusión en el proceso de paz.
Sin embargo, el titular era, curiosamente, poco exacto: las Naciones Unidas habían tenido una presencia activa en Colombia desde hacía más de 40?a?os. Su respaldo a las iniciativas de paz comenzó mucho antes de que comenzasen las conversaciones de paz de La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP en 2012. Durante más de un decenio, los organismos, los fondos y los programas de las Naciones Unidas han trabajado mano a mano con las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales y las autoridades de las regiones más golpeadas por la violencia y con una pobreza más arraigada de Colombia, así como en las zonas que habían sido abandonadas por el Estado. El compromiso del equipo de las Naciones Unidas en el país de Colombia con la consolidación de la paz en el plano local se reveló cuando aquellos que lo promovían nadaban contra la corriente y corrían el riesgo de ser estigmatizados y se?alados.
Desde principios de los a?os 901, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otros organismos de las Naciones Unidas, junto con las organizaciones no gubernamentales asociadas, ofrecieron asistencia a miles de familias desplazadas en zonas de difícil acceso o inaccesibles para las instituciones del Estado. Con su presencia sobre el terreno, estos organismos ofrecían protección a los civiles en situación de riesgo, actuando como testigos y escuchando atentamente a aquellos cuyas voces no se escuchaban lo suficiente. Al documentar y denunciar las vulneraciones de los derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) también dio voz a las víctimas; en ocasiones, esas iniciativas tenían un efecto preventivo. Al desarrollar las capacidades locales para gestionar los conflictos de manera pacífica; empoderar a las comunidades locales, a las organizaciones juveniles y de mujeres; y ofrecer oportunidades socioeconómicas, a menudo en lugares en los que los cultivos de coca constituían la única fuente de ingresos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con otras entidades de desarrollo de las Naciones Unidas, contribuyó a acabar con los ciclos de violencia locales y a mejorar los medios de vida. Las comunidades afectadas por conflictos pidieron a las Naciones Unidas que las apoyasen y eso fue lo que hicimos. Creían que nuestra presencia les podría brindar cierta protección. El compromiso, el valor y la solidaridad de varias generaciones de compa?eros nacionales e internacionales de las Naciones Unidas que trabajaron para alcanzar la paz y la justicia en las zonas más empobrecidas y afectadas por los conflictos de Colombia fueron extraordinarios e incluso notables, puesto que ocuparse de esas tareas a menudo implicaba la aparición de fricciones con el Gobierno.
Tras el malogrado proceso de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, conocido como “El Caguán” (1999-2002), se cerró la puerta a un posible arreglo político, una puerta que se mantuvo cerrada durante un decenio. Las negociaciones de paz quedaron desacreditadas y el margen de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, para respaldar las iniciativas de paz se redujo de manera considerable. En ese momento, trabajar para alcanzar la paz, o incluso hablar sobre ello, no solo estaba mal visto, sino que, en determinados barrios, incluso se consideraba algo subversivo. Los tambores de guerra sonaban con intensidad y los más vulnerables se llevaron la peor parte del compromiso del país de poner en práctica una solución militar. Según las cifras oficiales, durante el decenio siguiente, el conflicto se cobró más de cuatro millones de víctimas2.
Mientras el Gobierno evitaba reconocer la existencia de un conflicto armado e insistía, en su lugar, en que se estaba enfrentando a una amenaza terrorista, el equipo de las Naciones Unidas en el país de Colombia debía hacer frente a unas elecciones de políticas complicadas. Se mantuvieron largos y, en ocasiones, difíciles debates internos sobre cómo continuar ayudando a las comunidades afectadas por la violencia y promoviendo las iniciativas de paz locales al tiempo que se mantenía un enfoque constructivo con el Gobierno anfitrión. Durante los a?os más oscuros del conflicto, el equipo en el país se mantuvo al lado de las víctimas, incluso a costa de ser percibido por algunos como parcial y demasiado próximo a la izquierda, quienes, a su vez, solían ser acusados de ser simpatizantes de las FARC-EP (y, por tanto, terroristas). Mientras el margen para el compromiso político y el establecimiento de la paz era inexistente, los trabajos del equipo en el país para lograr la consolidación de la paz continuaron sin interrupciones.
Gracias a los esfuerzos realizados por la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y la Iglesia Católica, que mantuvieron viva la llama de la paz durante más de un decenio, con el inicio de las negociaciones de La Habana se alimentaron nuevas esperanzas para la paz, aunque todavía muy tímidas. Los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas contribuyeron a avivar y a proteger esas esperanzas. Durante las conversaciones de paz, el equipo de las Naciones Unidas en el país siguió con sus iniciativas para la consolidación de la paz en las zonas afectadas por los conflictos, al mismo tiempo que se adaptaba para respaldar mejor las iniciativas políticas de establecimiento de la paz que dirigía el Gobierno3.
Una de las aportaciones más importantes de las Naciones Unidas al proceso de paz de La Habana fue la promoción y el respaldo de la participación de la sociedad civil y, especialmente, de las víctimas. En 2012 y 2013, tras la solicitud de las Comisiones de Paz del Congreso, las Naciones Unidas organizaron varias mesas redondas regionales en las cuales los colombianos podrían expresar sus opiniones y formular propuestas acerca de las cuestiones que se debatían en La Habana. Con el tiempo, esto dio lugar a la primera petición conjunta del Gobierno y de las FARC-EP para organizar, junto con la Universidad Nacional de Colombia, exhaustivos foros nacionales y regionales con el fin de reunir y sintetizar las opiniones de la sociedad civil acerca de los distintos puntos del programa para la paz, así como de presentar los resultados ante los negociadores de La Habana.
El foro nacional de 2014, centrado en el punto del programa para la paz que afectaba a las víctimas, resultó especialmente impactante desde una perspectiva humana y contribuyó a que las partes decidiesen invitar a varias delegaciones de víctimas a La Habana para que compartiesen sus testimonios con los negociadores. Esta iniciativa, que supuso un punto de inflexión en las conversaciones de paz, contó con nuestro apoyo. Al dotar de una dimensión humana a la tragedia de la guerra, se infundió una renovada sensación de urgencia a la necesidad de poner fin al conflicto.
En 2013, a petición de las organizaciones de la sociedad civil de mujeres, ONU-Mujeres, con el apoyo del Coordinador Residente y los organismos de las Naciones Unidas, organizó la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, en la que se puso de manifiesto la necesidad de ceder a las mujeres un asiento en la mesa y de garantizar la inclusión de un enfoque basado en el género en las negociaciones. Además de las visitas a La Habana de representantes de las organizaciones de la sociedad civil de mujeres y expertos en cuestiones de la mujer, en compa?ía de las Naciones Unidas, la participación de activistas por los derechos de las personas LGBTI y defensores de las víctimas de violencia sexual contribuyó a que el Gobierno y las FARC-EP tomasen la decisión de incluir a más mujeres en sus delegaciones y acordasen realizar una revisión completa de los acuerdos de paz desde una perspectiva de género4.
Durante las negociaciones, las conversaciones de paz continuaron siendo un asunto controvertido en Colombia. El hecho de que el Gobierno y las FARC-EP decidiesen iniciar las negociaciones sin exigir un alto el fuego contribuyó al escepticismo que sentían muchos colombianos hacia el proceso de paz. En este contexto, llevamos a cabo un estudio sobre el costo de la guerra y los beneficios económicos de la paz, en un intento por despolitizar el concepto de paz y demostrar que todos los colombianos se beneficiarían del fin de la guerra, independientemente de dónde se situasen dentro del espectro político. Asimismo, preparamos la documentación relacionada con el impacto humanitario de las negociaciones en medio de un conflicto en curso, con el fin de promover en público y en privado medidas de fomento de la confianza, incluida la necesidad de un alto el fuego bilateral y, en el caso de las FARC-EP, de poner fin al reclutamiento de ni?os y liberar a los ni?os soldados, cesar en el uso de minas terrestres y permitir las operaciones de eliminación de minas. De manera similar, a petición del Gobierno, lanzamos una campa?a de comunicación en todo el país denominada “Respira Paz” con el fin de promover una cultura de paz. Lamentablemente, estas iniciativas no bastaron para unir a todos los colombianos en torno al objetivo común de la paz, el cual continúa siendo escurridizo.
Gracias a su amplia presencia sobre el terreno y a los decenios de trabajo de campo, el equipo de las Naciones Unidas en el país de Colombia sabía que, para las comunidades locales, la paz significaba mucho más que la ausencia de guerra. Para que la paz fuese sostenible, era fundamental abordar algunas de sus expectativas y preocupaciones. Por tanto, a pesar de que las negociaciones seguían avanzando, hicimos hincapié en la necesidad de preparar una estrategia para la estabilización posconflicto que generase beneficios tangibles para las regiones asoladas por la guerra inmediatamente después del conflicto. Elaboramos un plan de amplia consulta y ofrecimos la presencia y las capacidades del equipo en el país con el fin de respaldar la aplicación de proyectos de impacto rápido que darían lugar a los primeros dividendos de la paz. Además, en febrero de 2016, lanzamos, en colaboración con el Gobierno y la comunidad de donantes, el fondo multidonante de las Naciones Unidas para el posconflicto en Colombia con el propósito de respaldar la aplicación de las medidas de fomento de la confianza, los proyectos para la estabilización posconflicto y la aplicación temprana de los acuerdos de paz.
Además del emitido por el Gobierno y las FARC-EP el 19 de enero de 2016, en el que se solicitaba al Consejo de Seguridad que organizase una misión política especial en Colombia, el acuerdo de paz final reclamaba de manera explícita el respaldo de diversos organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en relación con la aplicación de distintas partes del acuerdo. Ambos desarrollos daban muestra de la creciente credibilidad que las Naciones Unidas se habían ganado tras a?os inmersas en trabajos de consolidación de la paz en el país.
Lo que vino después sacó a la luz la clara diferencia que existe entre poner fin a una guerra y consolidar la paz. La firma del acuerdo de paz puso fin al conflicto con las FARC-EP. Sin embargo, en muchas regiones siguieron sin finalizarse tareas tales como la mejora de las condiciones de vida de los más vulnerables, la garantía de la protección frente a otros agentes armados, la reducción de las desigualdades sociales, el aumento de la presencia del Estado, la transformación de las economías de guerra, la defensa de los derechos humanos, la promoción del desarrollo y la resolución de conflictos de manera pacífica. El proceso de paz de La Habana y el acuerdo de paz resultante ofrecieron un valioso marco nacional y revitalizaron las iniciativas de los colombianos destinadas a abordar estos desafíos a largo plazo de desarrollo y de consolidación de la paz. Los colombianos continúan contando con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a lo largo del largo recorrido para la consolidación de la paz.
Notas
1 Las Naciones Unidas llevan trabajando en Colombia desde 1950, cuando UNICEF abrió su oficina en el país. Le siguieron la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 1956, el PMA en 1969, el PNUD en 1974, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1977, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 1985, la ACNUDH en 1996 y el ACNUR en 1999. Durante la celebración del proceso de paz de La Habana, el equipo de las Naciones Unidas en el país de Colombia constaba de 26 organismos, fondos y programas en los que trabajaban más de 2.300 empleados repartidos en 24 de los 32 departamentos del país.
2 Estimación facilitada por los autores a partir de los datos del registro nacional de víctimas de Colombia. Disponible en .
3 A tenor de las experiencias anteriores, no obstante, el Gobierno se mostraba reticente a permitir que la comunidad internacional tuviese una función activa en las conversaciones de paz nacientes y quiso mantener las negociaciones ajenas a interferencias externas. Aunque las Naciones Unidas contaban con una importante credibilidad dentro de la sociedad civil, todavía les quedaba un largo camino que recorrer para fomentar la confianza entre otros sectores de la sociedad y partes del gobierno. Esto último era necesario para poder contribuir al proceso de paz, pero también para situar a las Naciones Unidas en posición de respaldar las iniciativas de aplicación de la paz cuando así se lo solicitase el Gobierno.
4 Además de respaldar la participación de las mujeres, a petición de las partes, las Naciones Unidas también ofrecieron una discreta asistencia técnica con respecto a otras cuestiones delicadas, incluida la protección infantil y la justicia de transición.
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