Imagine el sufrimiento de una mujer violada, expulsada de su hogar y comunidad debido al estigma, y obligada a valerse por sí misma, junto con sus hijos, en un entorno de inseguridad continua. Esta mujer se enfrentará a amenazas y estará obligada a asumir unos riesgos mayores porque las necesidades básicas de su familia no están satisfechas.

En un esfuerzo histórico por revertir este círculo vicioso de violencia, explotación y pobreza, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015. En el núcleo de este marco se encuentra el compromiso con los derechos humanos, la no discriminación y la promesa de no dejar a nadie atrás. Esta Agenda, al contrario que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que le precedían, incluye un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) independiente sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y ni?as (ODS 5), además de objetivos de igualdad de género relativos a otros fines. La inclusión del objetivo sobre igualdad de género, y especialmente la meta 5.2, aporta un nuevo impulso para terminar con todas las formas de violencia contra las mujeres y ni?as ?en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación?. Este objetivo refleja el reconocimiento global de que eliminar la violencia contra las mujeres y ni?as resulta clave para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que a su vez son condiciones esenciales para el desarrollo sostenible.

Con la aparición de la Agenda 2030, estamos más preparados que nunca para abordar la discriminación por razón de género, que es la causa principal y el origen invisible de la violencia sexual en tiempos de guerra y de paz. El flagelo de la violencia sexual y de género deja mucho más atrás a las mujeres y ni?as en términos de desarrollo, condenándolas a situaciones de pobreza y vulnerabilidad que persisten generación tras generación. Si en 2030 queremos haber alcanzado los ODS y haber eliminado la violencia de género, es fundamental que empoderemos económicamente a las mujeres y fomentemos la existencia de unas sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Mi trabajo como Representante Especial de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en los Conflictos me ha llevado a muchos rincones del mundo devastados por la guerra, en los que he conocido a incontables mujeres fuertes y valientes. En muchos de estos contextos, sobre todo en las sociedades agrícolas, las mujeres son el elemento fundamental de la economía informal. Cuando estalla una guerra, y la amenaza de violación a punta de pistola se convierte en un terror generalizado, las mujeres no pueden acceder de forma segura a los campos, mercados y puntos de recogida de agua. Las ni?as no pueden ir al colegio de forma segura. Por nombrar solo un ejemplo: más de la mitad de abusos sexuales documentados en Darfur, Sudán, se producen durante el trascurso de actividades básicas de subsistencia, como en casos en los que las mujeres se ven obligadas a aventurarse a zonas remotas para recoger combustible y le?a. Es más, la carga de los cuidados que deja la guerra tras su aparición, como cuidar a las personas heridas, enfermas, traumatizadas o huérfanas, la sufren de forma desproporcionada las mujeres.

Las estadísticas revelan los efectos devastadores de la guerra en la economía y salud de las mujeres. Las tasas de mortalidad materna pasan a ser más del doble en los países devastados por la guerra, el número de mujeres con títulos legales para poseer tierras se divide casi por la mitad y la matriculación neta de las ni?as en la escuela primaria se reduce drásticamente, mientras que el matrimonio precoz aumenta porque las familias no tienen otra forma de mantener o proteger a sus hijas. Los conflictos desvían los recursos de los servicios públicos básicos al gasto militar, impidiendo el crecimiento en todos los indicadores de desarrollo humano. Además, en muchas situaciones, las propias mujeres se ven reducidas a mercancía con la que se puede comercializar y traficar como parte de la economía política de los conflictos y el terrorismo, tal y como el mundo ha podido observar de forma tan gráfica durante el régimen de terror del Estado Islámico en Irak y Siria.

Los grupos criminales terroristas transnacionales y armados se benefician directamente del tráfico y secuestran o enga?an a las víctimas con falsas promesas de ofertas de trabajo lucrativas. Su sue?o de encontrar seguridad y oportunidades se convierte en una pesadilla de esclavitud sexual y prostitución forzada. Por lo tanto, el conflicto agrava la brecha ya existente entre géneros relativa al acceso a las tierras y otros recursos productivos, y en algunos casos, reduce a las mujeres a una forma de ?divisa? fungible, a través de la cual los grupos extremistas violentos y armados consolidan su poder. Aunque está claro que, a largo plazo, la autosuficiencia, el empoderamiento económico y la voz política son las formas más eficaces de protección contra la violencia sexual y de género, en tiempos de guerra las familias más desesperadas recurren a mecanismos de defensa negativos y perjudiciales, como la retirada de las mujeres y ni?as de las oportunidades educativas y laborales, el matrimonio precoz forzado y la explotación sexual con fines comerciales.

Tanto hombres como mujeres sufren el dolor de la pobreza y la guerra, pero el sesgo estructural implica que las mujeres tienen muchos menos recursos para adaptarse, tales como un menor acceso a los alimentos, la sanidad y el empleo remunerado, la información, la tecnología y las esferas del poder en las que se toman las decisiones. Ni la pobreza ni la guerra son neutras desde una perspectiva de género, por lo que nuestras respuestas no pueden obviar este punto de vista. El hecho de que el 60?% de las personas que padecen hambre crónica sean mujeres y ni?as, que, a nivel mundial, las mujeres ganen menos que los hombres y que casi dos tercios de los adultos analfabetos sean mujeres, es producto de la discriminación de género. El hecho de que, ante la pobreza y la agitación social, sean las ni?as las que se ven obligadas a casarse, a las que su familia ve como una obligación y las que se ven privadas de alimentación, sanidad y educación, es producto de las normas sociales sesgadas. Son las mujeres y las ni?as las que mueren al dar a luz, y el 99?% de todas las muertes maternas suceden en los países en desarrollo. Son las mujeres las que tienen menos posibilidades de tener una cuenta bancaria u otros bienes a su propio nombre. Por lo tanto, son las mujeres y ni?as las primeras y más afectadas por el colapso de los sistemas sanitarios y las instituciones del orden en tiempos de guerra.

Entre los recursos de los que carecen las mujeres, quizás el más valioso sea el tiempo. Asumir la carga del trabajo no remunerado (cocinar, limpiar, cuidar) mantiene a las mujeres en la pobreza, mientras los hombres invierten esas horas en trabajo lucrativo, educación y compromiso civil y político. En los países en desarrollo, tres cuartos del tiempo de trabajo de los hombres, pero solo un tercio del de las mujeres, se emplea en actividades que generen ingresos.

Es hora de eliminar todos los impedimentos para la participación íntegra y oficial de la mujer en la vida política, económica y social, y de lograr que las instituciones financieras, judiciales y del sector de la seguridad sean igual de accesibles para las mujeres y conscientes de sus necesidades. Cuando las mujeres empiezan a poseer tierras y otros recursos, también ganan más poder de negociación en casa, una voz a la hora de tomar decisiones y mayor resiliencia a las perturbaciones en la economía y la seguridad, lo que reduce su vulnerabilidad a la violencia sexual y de género.

Por el contrario, la violencia sexual sistemática y generalizada obstaculiza la recuperación tras los conflictos dejando huellas físicas y psicológicas duraderas en las supervivientes, lo que marginaliza a las víctimas y las excluye del mundo laboral. Las supervivientes también padecen numerosos estigmas interrelacionados entre sí tras sufrir violencia sexual. Los estigmas y la culpabilización de la víctima otorgan al arma de la violación su particular poder destructivo, que fragmenta el tejido social y convierte a las víctimas en miembros excluidos de la sociedad. Los ni?os y ni?as cuya existencia sea fruto de esta violencia pueden ser susceptibles al reclutamiento, la radicalización y el tráfico, y a sufrir problemas de identidad social y pertenencia a un grupo en las sociedades altamente polarizadas afectadas por los conflictos.

La violencia de género se consideraba la ?dimensión ausente? en los ODM. En la actualidad, los ODM proporcionan un programa exhaustivo para abordar la violencia contra la mujer y mejorar la paz y la prosperidad común. La comunidad internacional se ha centrado en el a?o 2030 como fecha de vencimiento para la violencia y desigualdad de género en todas sus formas. Las supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos, cuyas vidas y medios de subsistencia se han visto destrozados por la guerra, no deben olvidarse en estos esfuerzos. Tienen derecho a la justicia, reparaciones y compensaciones, incluida la restitución de cualquier terreno o propiedad que se les haya usurpado por la fuerza durante la guerra. Legislar en la igualdad de género en todos los campos no solo es lo correcto, sino que también es una forma inteligente de gestionar la economía y una obligación en la justicia social. En las memorables palabras de Nelson Mandela: ?Erradicar la pobreza no es un acto de caridad. Es un acto de justicia?.??