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Actualmente, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de protecci¨®n de derechos humanos, existen instrumentos que enfatizan la obligaci¨®n de los Estados de garantizar el respeto de los derechos de todos los seres humanos, sin distinci¨®n alguna de raza, g¨¦nero, religi¨®n o posici¨®n pol¨ªtica. No obstante y pese a que se cuenta con un considerable acervo de tratados, declaraciones y convenciones que salvaguardan esa igualdad de jure, ¨¦sta a¨²n no se traduce en una efectiva igualdad de facto. Y es que, en nuestro criterio, existe una relaci¨®n indivisible de la pobreza como causa y efecto de violaci¨®n de los derechos de las personas, que debe ser abordada si se quiere conseguir esa igualdad de facto de modo que los grupos y personas excluidas puedan reclamar sus derechos ante los Estados y obtener respuestas prontas, adecuadas y a un costo razonable para una expansi¨®n del bienestar que llegue hasta las bases de la sociedad.

Propiamente en nuestro subcontinente, si bien se ha avanzado desde la ¨¦poca del autoritarismo y las flagrantes violaciones contra la vida y la libertad de la d¨¦cada de los ochenta, basando hoy la mayor¨ªa de los pa¨ªses del hemisferio sus relaciones pol¨ªticas en el modelo de democracia representativa y en el plano econ¨®mico en las fuerzas de mercado-- que son las que definen la asignaci¨®n de recursos --la pobreza y exclusi¨®n social son todav¨ªa extensas, generando un alto grado de inseguridad econ¨®mica y expectativas desesperanzadoras para vastos segmentos de la poblaci¨®n, porque si bien se ha logrado un crecimiento econ¨®mico de 4,5% en promedio en el periodo 2003-2006, marcando un desempe?o excepcional en los ¨²ltimos 25 a?os, y a pesar de que la tasa de la pobreza, de acuerdo a la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina (CEPAL), ha descendido ligeramente por primera vez bajo el nivel de 1980, pasando de 40,5% de la poblaci¨®n en ese a?o a 39,8% en el 2005, esta misma instituci¨®n se?ala (Panorama Social de Am¨¦rica Latina 2006) que: ". los alentadores progresos recientes en la materia no deben hacer olvidar que los niveles de pobreza siguen siendo muy elevados, y la regi¨®n todav¨ªa tiene por delante una tarea de gran magnitud". A lo que a?ade que: "Una de las caracter¨ªsticas m¨¢s sobresalientes de Am¨¦rica Latina ha sido hist¨®ricamente la acentuada inequidad de la distribuci¨®n del ingreso, as¨ª como su falta de flexibilidad ante el cambio. Esta desigualdad no solamente excede a la de otras regiones del mundo, sino que adem¨¢s se mantuvo invariable durante la d¨¦cada de 1990 e incluso empeor¨® a comienzos de la presente d¨¦cada ".

Entendemos como exclusi¨®n social los procesos sociales de discriminaci¨®n de grupos humanos por razones de sexo, etnia, religi¨®n, convicciones pol¨ªticas o ideol¨®gicas, origen social o condici¨®n socioecon¨®mica y las pr¨¢cticas que no respetan las diferencias ni valoran la diversidad. Las personas y colectividades excluidas est¨¢n en condiciones de desventaja respecto del resto de la poblaci¨®n de una manera distinta. En primer lugar, se les deja por fuera de aspiraciones leg¨ªtimas a las que tienen derecho: un nivel de vida adecuado y una inserci¨®n laboral y social; al no lograrse estas condiciones, se les excluye del modo de vida esperado en sociedades democr¨¢ticas, con ejercicio de los derechos humanos, sin distinci¨®n entre los civiles y pol¨ªticos y los sociales, culturales, laborales y econ¨®micos. Son seres humanos y colectividades que, por estas razones, no llegan a ser consideradas como miembros de pleno derecho de la sociedad.

En Latinoam¨¦rica y el Caribe, el racismo y la discriminaci¨®n tienen caracter¨ªsticas hist¨®ricas, econ¨®micas, sociales y culturales, que han mantenido a grupos espec¨ªficos, entre estos los pueblos ind¨ªgenas, afrodescendientes y mujeres, en condiciones de marginalidad, exclusi¨®n y pobreza extrema. En ese sentido, la discriminaci¨®n es un delito no s¨®lo porque es una conducta contraria a la normativa internacional, sino porque allana el terreno para que se violen sus derechos humanos fundamentales . Igualmente, cuando ¨¦sta se funda en prejuicios de raza, identidad ¨¦tnica, nacionalidad o cultura, afecta adem¨¢s a sujetos colectivos (pueblos y comunidades) que tienen derechos en tanto colectividades, inherentes a su identidad y a su cultura, pero que no siempre cuentan con un estatus jur¨ªdico o pol¨ªtico (una ciudadan¨ªa particular) que les permita defenderse y reclamar. Y las situaciones se agravan, a¨²n m¨¢s, cuando las poblaciones discriminadas se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, como sucede, e.g., con la poblaci¨®n penitenciaria.

La mayor¨ªa de las v¨ªctimas de la discriminaci¨®n racial en la regi¨®n son colectividades (y miembros de comunidades) con identidades particulares, que se desarrollan a partir de ejes como la etnicidad, la cultura, la nacionalidad, la lengua y el territorio, teniendo en com¨²n el hecho de presentarse y ser percibidos como diferentes respecto de otra identidad dominante, entendida como nacional . Quienes persisten en ser diferentes y reclaman ser tratados como tales, son estigmatizados de muy diversas maneras, entre las cuales la atribuci¨®n de una raza como estereotipo y de un conjunto de prejuicios que les desvaloriza es un recurso todav¨ªa presente. En esta condici¨®n, la discriminaci¨®n se basa en la negaci¨®n del derecho a la diferencia y, por tanto, del car¨¢cter diverso (multi¨¦tnico, multicultural) del conjunto de la sociedad y del Estado.

Recientemente, Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresaba: "Junto a la pobreza, la discriminaci¨®n constituye otra fuente recurrente de inhabilitaci¨®n y de negaci¨®n de derechos, libertad y dignidad . y, a pesar de los numerosos esfuerzos de la comunidad internacional, el racismo y las pr¨¢cticas racistas contin¨²an produci¨¦ndose de manera sutil, viciosa e insidiosa, estando presentes en la vida cotidiana a trav¨¦s de una variedad de maneras de socializaci¨®n". Igualmente, el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, se ha referido tambi¨¦n a la discriminaci¨®n racial como un peligroso obst¨¢culo al desarrollo nacional.

Sin embargo, es preciso destacar algunos de los avances globales logrados a la fecha. La Conferencia Preparatoria de las Am¨¦ricas (Santiago de Chile, 2000) fue significativa porque los Estados de la regi¨®n reconocieron que la identidad de las Am¨¦ricas no puede disociarse de su car¨¢cter multirracial, pluri¨¦tnico, multicultural, multiling¨¹e y pluralista y que esta diversidad social constituye un aporte a la convivencia humana y a la construcci¨®n de culturas de respeto mutuo y de sistemas pol¨ªticos democr¨¢ticos; asimismo, por vez primera reconocieron la existencia de la discriminaci¨®n institucionalizada y posibles reparaciones por los sufrimientos y da?os causados por ¨¦sta. De igual manera, la Conferencia Mundial de Durban, con su Declaraci¨®n y Plan de Acci¨®n, ha contribuido a que en algunos pa¨ªses de la regi¨®n se establezcan distintas instancias estatales para poner en ejecuci¨®n sus recomendaciones.

En julio de 2006 se realiz¨® en Brasil la Conferencia Regional de las Am¨¦ricas contra el Racismo, la Discriminaci¨®n Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, como un foro que reuni¨® tanto a la sociedad civil como a gobiernos e instituciones internacionales, con el acompa?amiento de la ONU y, especialmente, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el fin de fomentar el di¨¢logo sobre los avances y desaf¨ªos en el cumplimiento del Plan de Acci¨®n de la Conferencia de Durban. La discusi¨®n gir¨® en torno a: i) la necesidad de dar nuevo impulso a la implementaci¨®n de los compromisos de Estado adquiridos en las Declaraciones y Planes de Acci¨®n de las Conferencias de Santiago (2000) y Durban (2001), entendiendo que sus contenidos y acuerdos constituyen un avance sustantivo en la lucha contra el racismo, la discriminaci¨®n racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, especialmente en el reconocimiento de los derechos de las v¨ªctimas de la esclavitud y del colonialismo o v¨ªctimas de discriminaci¨®n m¨²ltiple o agravada; ii) la necesidad de que el Sistema de Naciones Unidas, retome los acuerdos alcanzados en Durban, en un proceso valorativo semejante al que ha tenido lugar en el caso de todas las restantes conferencias y Cumbres Internacionales; iii) igual tratamiento por parte de la OEA y de los organismos multilaterales subregionales; iv) la necesidad de elaborar un "¨ªndice de igualdad racial" internacional que permita la adecuaci¨®n, estandarizaci¨®n y regulaci¨®n del examen de las formas actuales de discriminaci¨®n y racismo, su cuantificaci¨®n, la formulaci¨®n de indicadores y la implementaci¨®n de medidas especificas para su modificaci¨®n; v) la adecuaci¨®n de los "Objetivos del Milenio" a los prop¨®sitos establecidos por la Conferencia de las Am¨¦ricas y la Conferencia de Durban, para que las Metas del Milenio se apliquen como referencia para medir los procesos realzados en el desarrollo pol¨ªtico, econ¨®mico y social de los pueblos y poblaciones afrodescendientes e ind¨ªgenas; vi) que se concluya y adopte una Convenci¨®n Interamericana contra el Racismo y la Discriminaci¨®n; vii) que se incremente el apoyo t¨¦cnico y financiero de los gobiernos y las agencias internacionales para la implementaci¨®n de los planes de acci¨®n, la generaci¨®n de indicadores y el cumplimiento de las Metas del Milenio, as¨ª como promover y fortalecer los organismos estatales de promoci¨®n de equidad ¨¦tnica y racial en la regi¨®n .

Por las razones anteriormente indicadas, es evidente que la erradicaci¨®n de la discriminaci¨®n requiere, entre las medidas m¨¢s importantes e inmediatas, del desarrollo de una pol¨ªtica de Estado que, a la misma vez, combata el racismo y la discriminaci¨®n racial y promueva la diversidad como una condici¨®n del desarrollo con equidad y de la plena vigencia de los derechos humanos. Dicha pol¨ªtica es particularmente importante en los ¨¢mbitos de la educaci¨®n en derechos humanos, el acceso a la justicia, la participaci¨®n pol¨ªtica de la poblaci¨®n afrodescendiente y el goce de los derechos econ¨®micos, sociales y culturales. Asimismo, es pertinente desarrollar un conjunto de indicadores que permita examinar con objetividad el grado en el cual las pol¨ªticas p¨²blicas cumplen esta doble funci¨®n, establecer mecanismos de monitoreo de sus avances, e identificar los d¨¦ficit que requieren un mayor esfuerzo, tal y como la estrategia de trabajo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), particularmente a partir del a?o 2000 . El ¨¦nfasis de esta estrategia est¨¢ basado en la necesidad de subsanar las insuficiencias de la democracia en la regi¨®n, sin abandonar la concepci¨®n sobre la integralidad de los derechos fundamentales y la necesidad de trabajar con un enfoque multidisciplinario. La aplicaci¨®n de las perspectivas transversales ya se?aladas significa el reconocimiento de la realidad regional y la oficializaci¨®n de una postura que, desde hace varios a?os, permea las diferentes iniciativas surgidas en el seno del IIDH, a partir del principio rector de fortalecer la universalidad desde la especificidad y promover la igualdad desde la diversidad.

Notas

1. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) manifiesta que: "Los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y el Caribe tienen uno de los ¨ªndices de inequidad m¨¢s altos del mundo en desarrollo. Es una regi¨®n donde los ingresos, recursos y oportunidades, sistem¨¢tica y en forma desproporcionada, se concentran en un segmento de la poblaci¨®n, en las elites de la sociedad. Durante mucho tiempo, la pobreza y la degradaci¨®n social que resultan de la inequidad de la regi¨®n se consideraron problemas meramente econ¨®micos. S¨®lo en los ¨²ltimos a?os se le ha dado mayor atenci¨®n y an¨¢lisis a una compleja serie de pr¨¢cticas sociales, econ¨®micas y culturales que resultan en exclusi¨®n social: en el acceso limitado a los beneficios del desarrollo a ciertas poblaciones con base en su raza, etnia, g¨¦nero y/o capacidades f¨ªsicas". (BID, Sobre la exclusi¨®n social: declaraci¨®n de la Misi¨®n, 2003).

2. La incidencia entre el racismo y la discriminaci¨®n racial, entendida como la privaci¨®n de derechos humanos por ocasi¨®n o motivo de raza o etnicidad (e incluso por otros motivos semejantes), puede apreciarse en el caso recientemente resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como "Yean y Bosico" que aborda un aspecto de la situaci¨®n que viven muchos haitianos y dominicanos de origen haitiano, en Rep¨²blica Dominicana. El caso pone de manifiesto la privaci¨®n del derecho a la nacionalidad, al nombre y a la personalidad jur¨ªdica, y como tales afectaciones repercuten posteriormente en el acceso de las ni?as en el sistema educativo formal (Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ni?as Yean y Bosico v. Rep¨²blica Dominicana, Serie C No. 130, p¨¢rrs. 125-207).

3. Nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la posibilidad de abordar la situaci¨®n en las que se pretende la limitaci¨®n de derechos de las personas no pertenecientes al "patr¨®n dominante". As¨ª el caso L¨®pez ?lvarez, expresamente invoca la situaci¨®n de privados de libertad de origen gar¨ªfuna, que son privados de la posibilidad de expresarse en su propia lengua (Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos, L¨®pez ?lvarez v. Honduras, Serie C No. 141, p¨¢rrs. 160-174).

4. Por ende, se afirma que en nuestra subregi¨®n la discriminaci¨®n constituye una pr¨¢ctica y una conducta perversa mediante la construcci¨®n de estereotipos y prejuicios independientes de la normatividad, dif¨ªciles de perseguir con la justicia y de erradicar de la sociedad; por el contrario, la discriminaci¨®n es altamente proporcional a la desigualdad, lo cual agrava sus efectos e induce a afirmar que se trata de un mecanismo de marginaci¨®n econ¨®mica y pol¨ªtica.

5. Entre ellas pueden citarse la creaci¨®n de comisiones gubernamentales para el dise?o y establecimiento de pol¨ªticas p¨²blicas de combate al racismo y la discriminaci¨®n racial.

6. Informaci¨®n complementaria puede obtenerse en:

7. En otro art¨ªculo desarrollar¨¦ un conjunto de sugerencias acerca de las medidas de pol¨ªtica que podr¨ªan tomar los gobiernos para promover la multiculturalidad en dichos ¨¢mbitos tem¨¢ticos, basado en la experiencia acumulada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos el cual, en 27 a?os de trabajo, y particularmente a partir del 2000, ha consolidado una estrategia de promoci¨®n activa de los derechos humanos basada en la priorizaci¨®n de cuatro ejes tem¨¢ticos y tres perspectivas transversales. Los cuatro ejes tem¨¢ticos son: educaci¨®n en derechos humanos, justicia y seguridad, participaci¨®n pol¨ªtica y vigencia de los derechos econ¨®micos, sociales y culturales; las tres perspectivas transversales consisten en la equidad de g¨¦nero, el reconocimiento y preservaci¨®n de la diversidad ¨¦tnica y cultural y fomento de espacios para la participaci¨®n de la sociedad civil y su interacci¨®n con el Estado.