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En mi estado natal de Luisiana (Estados Unidos), este a?o se han promulgado reformas carcelarias de sentido com¨²n que reducir¨¢n la poblaci¨®n reclusa en un 10% y le ahorrar¨¢n al estado m¨¢s de 250 millones de d¨®lares en los pr¨®ximos 10 a?os. La urgencia de su aplicaci¨®n queda perfectamente sintetizada en la reacci¨®n que tuvo un sheriff local ante estas reformas, cuando se quej¨® de que iba a perder mano de obra gratuita. Haciendo referencia a los autores de delitos no violentos, el Sheriff Steve Prator de la parroquia de Caddo afirm¨®: ¡°Est¨¢n dejando en libertad a los buenos que utilizamos cada d¨ªa para lavar coches, cambiar el aceite del motor, preparar la comida, en fin... todo eso que nos permite ahorrar dinero¡± [cita traducida]¹. El v¨ªdeo de esta ofensiva declaraci¨®n se hizo viral en los medios sociales, donde muchos compararon el sistema de trabajo carcelario con la esclavitud.

En los Estados Unidos, la pena de prisi¨®n cada vez guarda menos relaci¨®n con la justicia y m¨¢s con el af¨¢n de lucro. Adem¨¢s de la industria del trabajo carcelario, que mueve en torno a 1.000 millones de d¨®lares, las prisiones privadas y las compa?¨ªas con fines de lucro contin¨²an prosperando, proporcionando servicios y productos a las c¨¢rceles gubernamentales y generando un poderoso incentivo financiero para que se dicten m¨¢s penas de prisi¨®n y de mayor duraci¨®n.

Las empresas que suministran a los establecimientos penitenciarios bienes y servicios, como las provisiones para el economato y los servicios telef¨®nicos, recaudan casi tanto dinero como las prisiones privadas, de acuerdo con la organizaci¨®n apol¨ªtica Prison Policy Initiative. El ¨¢nimo de lucro contamina casi todos los aspectos de la vida en la prisi¨®n, desgarrando a las familias sin ninguna raz¨®n que se pueda justificar por las normas de seguridad comunitarias. Por ejemplo, las costosas ¡°visitas por v¨ªdeo¡± han reemplazado a las visitas familiares presenciales y gratuitas en algunos centros. Detr¨¢s hay empresas privadas que cobran el minuto en pantalla a m¨¢s de 1,30 d¨®lares.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entr¨® en vigor el 1 de enero de 2016, se encuentran los siguientes:

• Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
• Objetivo 8. Promover el crecimiento econ¨®mico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
• Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los pa¨ªses y entre ellos.
• Objetivo 16. Promover sociedades pac¨ªficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

La crisis del encarcelamiento masivo en los Estados Unidos impide el logro de estos objetivos, as¨ª como el acceso a la ciudadan¨ªa mundial. La prisi¨®n limita el poder adquisitivo y la oportunidad de salir de la pobreza durante decenios tras la salida en libertad. Incluso entre la minor¨ªa de exprisioneros que consigue encontrar trabajo, una cantidad inferior al 25% logra situarse por encima del ¨²ltimo quintil de asalariados, seg¨²n la investigaci¨®n de los soci¨®logos Bruce Western y Becky Pettit². Y estas cargas de pobreza repercuten con m¨¢s dureza sobre las comunidades de color. Con solo el 5% de la poblaci¨®n mundial, los Estados Unidos representan el 25% de la poblaci¨®n penitenciaria mundial. Las personas de color, que son solo el 37% de la poblaci¨®n de los Estados Unidos, suponen el 67% de los reclusos. En general, los afroamericanos tienen m¨¢s probabilidades que los estadounidenses blancos de ser detenidos; una vez detenidos, es m¨¢s probable que sean condenados; y una vez condenados, es m¨¢s probable que enfrenten condenas severas. Los hombres negros tienen seis veces m¨¢s probabilidades de ser encarcelados que los hombres blancos, y los hombres hispanos tienen m¨¢s del doble de probabilidades de ser encarcelados que los hombres blancos no hispanos.
Cabe destacar que, a la luz de los comentarios del Sheriff Prator, la tasa de encarcelamiento de Luisiana es a¨²n m¨¢s alta y m¨¢s desequilibrada en t¨¦rminos raciales que la de la naci¨®n en general. En dicho estado, 8 de cada 1.000 habitantes est¨¢n en prisi¨®n ¡ªaproximadamente el doble del promedio nacional¡ª, y los negros pr¨¢cticamente doblan a los blancos en cuanto a n¨²mero de reclusos. Si bien nuestra poblaci¨®n carcelaria inflada y desequilibrada desde un punto de vista racial genera miles de millones para las empresas privadas, a los contribuyentes estadounidenses les cuesta 80.000 millones de d¨®lares al a?o, a pesar de los lavados de coche gratuitos para la Oficina del Sheriff de la parroquia de Caddo.

Este mismo a?o, la National Urban League present¨® nuestro Main Street Marshall Plan: From Poverty to Prosperity, un detallado plan para el desarrollo econ¨®mico y la reforma institucional dise?ado para transformar los barrios empobrecidos y las desigualdades estructurales en los Estados Unidos. Entre nuestras recomendaciones para la reforma de la justicia penal figuran las siguientes:

• Identificar y promulgar pol¨ªticas dirigidas a reducir la poblaci¨®n carcelaria federal y estatal.
• Eliminar las condenas m¨ªnimas obligatorias y mejorar la discrecionalidad judicial por medio de una legislaci¨®n respaldada por ambos partidos como la Smarter Sentencing Act (Ley de Condenas M¨¢s Inteligentes) y la Justice Safety Valve Act (Ley de V¨¢lvula de Seguridad de la Justicia).
• Aprobar la End Racial and Religious Profiling Act (Ley de Eliminaci¨®n de la Aplicaci¨®n de Perfiles Raciales y Religiosos) presentada en el Senado de los Estados Unidos o la End Racial Profiling Act (Ley de Eliminaci¨®n de la Aplicaci¨®n de Perfiles Raciales) presentada en la C¨¢mara de Representantes de los Estados Unidos.
• Eliminar el incentivo para encarcelar mediante el uso de prisiones privadas.

Poco despu¨¦s de que la National Urban League introdujera el Main Street Marshall Plan, los Senadores de los Estados Unidos Cory Booker, de Nueva Jersey, y Richard Blumenthal, de Connecticut, presentaron la Reverse Mass Incarceration Act (Ley de Revocaci¨®n del Encarcelamiento Masivo) de 2017. Basado en una propuesta de 2015 del Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, el proyecto de ley lo que hace b¨¢sicamente es revertir los incentivos previstos en la Violent Crime Control and Law Enforcement Act (Ley de Represi¨®n de los Delitos Violentos y Orden P¨²blico), a menudo llamada simplemente ¡°Crime Bill¡± (Proyecto de Ley contra la Delincuencia) de 1994. En lugar de incentivar a los estados para que aumenten la poblaci¨®n carcelaria, esta legislaci¨®n contempla la asignaci¨®n de fondos para que la reduzcan, al tiempo que mantienen la delincuencia en niveles reducidos. Se trata de una creativa propuesta pol¨ªtica que puede ser un eficaz instrumento para acelerar los esfuerzos de los estados para revertir las repercusiones negativas del encarcelamiento masivo. A principios de octubre de 2017, los Senadores estadounidenses Chuck Grassley, de Iowa, y Dick Durbin, de Illinois, presentaron una legislaci¨®n destinada a reducir las condenas de algunos autores de delitos no violentos, como los relacionados con las drogas, y al mismo tiempo aumentar las penas por las infracciones m¨¢s graves y violentas.

Para poner fin a nuestra crisis de encarcelamiento masivo se necesita una intensa acci¨®n pol¨ªtica. Una investigaci¨®n llevada a cabo en 2015 por The Washington Post descubri¨® que empresas relacionadas con el sistema privado de prisiones hab¨ªan transferido m¨¢s de 10 millones de d¨®lares a diferentes candidatos desde 1989 y destinado casi 25 millones de d¨®lares a actividades de cabildeo³. El Fiscal General de los Estados Unidos Jeff Sessions, cuyos dos exayudantes en el Senado son ahora cabilderos de la prisi¨®n privada, anunci¨® este mismo a?o la revocaci¨®n de la normativa del Presidente Obama para eliminar gradualmente el uso de prisiones privadas. Sin embargo, hay destellos de esperanza. Una coalici¨®n de senadores de los dos partidos ha respaldado el proyecto de ley Grassley-Durbin, y el asesor de la Casa Blanca Jared Kushner se ha reunido en privado con senadores para abordar el tema de la reforma de la justicia penal.

Tal y como dijo Martin Luther King Jr. al finalizar la marcha de Selma a Montgomery el 25 de marzo de 1965, ¡°el fin que buscamos es una sociedad en paz consigo misma, una sociedad que puede vivir con su conciencia¡±⁴. Hasta que no resolvamos nuestro sistema de encarcelamiento injusto por su desequilibrio racial, no podremos estar en paz con nosotros mismos.????

Notas

1. Jonah Engel Bromwich, ¡°Louisiana sheriff¡¯s remarks evoke slavery, critics say¡±, New York Times,?12 de octubre de 2017. Disponible en .
2. Bruce Western y Becky Pettit, ¡°Incarceration & social inequality¡± (verano de 2010), D?dalus. Disponible en .
3. Michael Cohen, ¡°How for-profit prisons have become the biggest lobby no one is talking about¡±, The Washington Post, 28 de abril de 2015. Disponible en .
4. Martin Luther King, Jr., ¡°Nuestro Dios est¨¢ en marcha¡±, 25 de marzo de 1965. Disponible en ingl¨¦s en .