缅北禁地

La seguridad eficaz de las fronteras y el intercambio oportuno de información a escala nacional, regional e internacional son fundamentales para impedir la circulación de terroristas y grupos terroristas y para aplicar de manera efectiva las medidas antiterroristas establecidas de conformidad con lo dispuesto en la resolución del Consejo de Seguridad y otras resoluciones pertinentes del Consejo. La seguridad de las fronteras es la primera línea de defensa contra la circulación transfronteriza ilegal de terroristas, incluidos los combatientes terroristas extranjeros, mercancías y cargamentos.

Mantener la seguridad de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas es un reto para todos los Estados Miembros. En sus esfuerzos por proteger sus fronteras aéreas, muchos Estados tienen dificultades para garantizar medidas básicas de seguridad aérea, como el control de las mercancías y el cotejo de los viajeros con las listas y bases de datos nacionales e internacionales de vigilancia antiterrorista. Ello requiere recursos financieros y humanos, equipamiento, normativas específicas y conocimientos especializados, así como cooperación intraestatal e interestatal. La resolución del Consejo de Seguridad fue la primera que se centró específicamente en las amenazas terroristas para la aviación civil. En ella se ponen de relieve una serie de medidas a las que los Estados Miembros deberían dar prioridad para fortalecer la aplicación de las normas y métodos recomendados (SARPS) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) relacionados con la seguridad, incluida una mejor coordinación entre los departamentos y organismos nacionales competentes. En 2017, el Consejo adoptó su resolución , en la que acoge con beneplácito la aprobación por la OACI del Plan Global para la Seguridad de la Aviación (GASeP).

Las fronteras terrestres pueden ser muy extensas y porosas y, por tanto, difíciles de vigilar. La seguridad fronteriza incluye controles de la circulación de personas y bienes a través de las fronteras, así como la prevención de la interferencia ilícita en la navegación marítima y el movimiento de carga internacional. Mantener la seguridad de las fronteras marítimas y vigilar las zonas marinas y costeras requiere un alto nivel de capacidad técnica y de recursos para patrullar de forma eficaz vastos espacios marinos al tiempo que se mantiene una presencia en las fronteras físicas y los puestos de control. En el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), que es un instrumento obligatorio para las partes contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS) de 1974, también se establecen medidas especiales para incrementar la seguridad marítima. El objetivo del Código PBIP es garantizar que los buques de navegación de altura y las instalaciones portuarias de los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) apliquen las normas más elevadas posibles de seguridad, con arreglo a un sistema de inspección, verificación y control.

Los combatientes terroristas extranjeros siguen suponiendo una amenaza que obliga a los Estados Miembros y la comunidad internacional a reforzar la seguridad de las fronteras para impedir que viajen. Tras la aprobación por el Consejo de Seguridad de las resoluciones y , destinadas a reducir la afluencia de combatientes terroristas extranjeros, el Comité contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva (DECT) reforzaron aún más su compromiso con las capacidades antiterroristas de los Estados y su análisis de estas, incluido lo referido a la seguridad fronteriza. El análisis realizado por la DECT ha revelado importantes deficiencias en la aplicación por parte de varios Estados de los requisitos de seguridad fronteriza establecidos en las resoluciones , 1624 (2005), y , entre otros el análisis de los datos de los pasajeros, la búsqueda de las personas en las listas de vigilancia y las bases de datos, y el uso de la biometría en la lucha contra el terrorismo.

Varios Estados han tomado medidas para reforzar la seguridad de las fronteras e impedir los desplazamientos de combatientes terroristas extranjeros. Estas medidas incluyen la confiscación de pasaportes, la incorporación de la exigencia de visados de tránsito y un uso más eficaz de las bases de datos de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para realizar controles y poder detectar e identificar a los combatientes terroristas extranjeros. Como ejemplo, cabe citar que algunos Estados han integrado la red de información policial I-24/7 de INTERPOL en sus sistemas nacionales y han ampliado el acceso a la red, además de a las oficinas centrales nacionales, a otras entidades nacionales encargadas de la aplicación de la ley, incluidos los funcionarios de primera línea. Cada vez son más los Estados que contribuyen al archivo de análisis criminal para la lucha antiterrorista que mantiene INTERPOL. Sin embargo, muchos Estados siguen sin tener acceso a las bases de datos pertinentes, incluidas las de INTERPOL y las listas de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida.

El uso de la información anticipada sobre los pasajeros (API) es una herramienta importante para mejorar la seguridad de las fronteras. Tanto las resoluciones ,  y del Consejo de Seguridad como las normas de la OACI exigen el establecimiento de sistemas de información anticipada sobre los pasajeros. En su forma más simple, la API es un sistema de comunicaciones electrónicas que recoge datos biográficos sobre los pasajeros y datos básicos sobre el vuelo de las compa?ías aéreas y los transmite a las autoridades de seguridad fronteriza del país de destino antes de la llegada del vuelo. De este modo, las autoridades de seguridad fronteriza disponen de tiempo adicional para realizar las comprobaciones necesarias de todos los pasajeros entrantes respecto a las listas de vigilancia y de sanciones pertinentes, minimizando así los retrasos en la tramitación de los pasajeros entrantes. Además, en sus resoluciones y , el Consejo de Seguridad decidió que los Estados Miembros desarrollaran la capacidad de reunir y procesar los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) y se aseguraran de que todas sus autoridades nacionales competentes utilizasen y compartieran esos datos. Estos datos pueden usarse para crear capacidad de análisis de vínculos, que permite vislumbrar conexiones ocultas para detectar riesgos que antes habían pasado desapercibidos.

Aunque muchos Estados han empezado a desarrollar capacidades de API y PNR, bastantes siguen encontrando dificultades para aplicar de manera coherente estos sistemas y marcos altamente complejos y técnicos. La DECT es asociada del Programa de las Naciones Unidas de Lucha contra los Viajes de Terroristas (EN), que apoya a los Estados Miembros en la aplicación integral de la API y el PNR. A través del Programa se presta apoyo a los Estados Miembros en los ámbitos de la asistencia jurídica y administrativa, el desarrollo de la capacidad operativa, la interacción con la industria del transporte y la capacidad técnica, mediante la distribución del software goTravel.

La capacidad de comparar los datos biométricos recogidos en los controles e investigaciones fronterizos y de inmigración con los datos recogidos en bases de datos nacionales e internacionales más amplias, incluidos los datos biométricos, es fundamental para detectar e identificar a los terroristas, incluidos los combatientes terroristas extranjeros. La aprobación de la resolución supuso la primera vez que el Consejo exhortaba a los Estados Miembros a que intercambiaran información biométrica para detectar e identificar terroristas, en particular los combatientes terroristas extranjeros. En la resolución el Consejo lo convirtió en un requisito en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. El Compendio de prácticas recomendadas de las Naciones Unidas para el uso responsable y el uso compartido de la biometría en la lucha contra el terrorismo es el primer compendio de este tipo y tiene como objetivo ayudar a los Estados no solo en la implementación de sistemas biométricos, sino también en el uso e intercambio responsables y adecuados de datos biométricos, incluso mediante la adopción de un marco claro basado en los derechos humanos para el uso de la tecnología biométrica que incluya la utilización de garantías procesales, la protección de datos y el respeto de la privacidad, y que esté en consonancia con la resolución . Otras formas de impedir la circulación de terroristas o de grupos terroristas incluyen el refuerzo de los controles en la emisión de documentos de identidad y de viaje y la adopción de medidas para evitar la falsificación, la alteración ilegal y la utilización fraudulenta de documentos de identidad y de viaje. Sin embargo, muchos Estados carecen de políticas y medidas claras para garantizar la seguridad e integridad del proceso de expedición de documentos de identidad y de viaje.

En la resolución del Consejo de Seguridad se exige a los Estados que se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo a las entidades o personas que participan en la comisión de actos de terrorismo, incluso eliminando el abastecimiento de armas a los terroristas. En su resolución , el Consejo insta a los Estados a que cooperen para impedir que los terroristas adquieran armas, y los exhorta a contrarrestar las amenazas que plantean los artefactos explosivos improvisados (AEI) y a hacerse partes en los instrumentos internacionales y regionales pertinentes. Debido a la naturaleza en constante evolución del entorno operativo de los terroristas, constituye un reto complejo y multifacético impedir que los terroristas accedan a armas. El tráfico ilícito de armas suele estar asociado a otras formas de delincuencia organizada que lo facilitan, como el terrorismo. Las armas pueden caer en manos de los terroristas debido a la escasa seguridad de los arsenales y la debilidad de los controles fronterizos. Las actividades de los combatientes terroristas extranjeros aumentan además la probabilidad de que las armas y las municiones crucen fronteras.

Las estrategias de gestión coordinada e integral de fronteras, que requieren una estrecha coordinación entre las autoridades competentes, han demostrado ser una herramienta muy eficaz para gestionar de forma eficiente y efectiva las fronteras nacionales. Las estrategias de gestión coordinada de fronteras permiten coordinar las políticas, los programas y la ejecución entre organismos reguladores transfronterizos con el objetivo de reforzar la gestión de los flujos comerciales y de viajes, al mismo tiempo que se abordan los problemas de seguridad. En los principios rectores sobre los combatientes terroristas extranjeros (Principios Rectores de Madrid) de 2015 del Consejo de Seguridad se exhorta a los Estados a considerar la posibilidad de incorporar los principios de la gestión coordinada de fronteras, para aumentar la eficacia de los controles fronterizos encaminados a reducir la afluencia de combatientes terroristas extranjeros.

Garantizar una seguridad eficaz de las fronteras es parte esencial de toda estrategia nacional de lucha contra el terrorismo amplia e integrada, y para lograrlo se requiere la acción colectiva de los Estados y las organizaciones internacionales y regionales pertinentes. El Comité y la DECT pueden ayudar a los Estados a identificar deficiencias, necesidades y retos, así como facilitar el intercambio de buenas prácticas en este ámbito y la prestación de asistencia técnica para la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo y las recomendaciones conexas del Comité.

Todas las medidas de lucha contra el terrorismo, incluso en el ámbito de la gestión de fronteras, deben adoptarse de conformidad con la legislación nacional y las obligaciones internacionales y respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todas las medidas relacionadas con la gestión de fronteras deben ser integrales, acordes con los derechos humanos y no discriminatorias y tener perspectiva de edad y de género.

La proporciona más elementos para que los Estados refuercen su aplicación de medidas en el marco de la seguridad fronteriza y el intercambio de información, incluido el uso eficaz de la información anticipada sobre los pasajeros y los datos del registro de nombres de los pasajeros; la elaboración de listas y bases de datos de vigilancia; y el desarrollo de sistemas biométricos y su uso responsable. La adición también incluye principios rectores para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas peque?as y armas ligeras.

Descargue la ficha informativa de la DECT en materia de gestión de fronteras (EN).